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Ciudadanía

La Ciudadanía es aquella condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país. El documento que certifica la ciudadanía es la nacionalidad, la cual se adquiere con solo nacer dentro del territorio del estado. Un ciudadano tiene entonces por defecto, derechos y deberes establecidos en un código de normas o carta magna de ese país. Tiene que por lo tanto adaptarse a todo el sistema político, jurídico y administrativo de esa nación que lo considera como ciudadano de esa nación.

La ciudadanía

 ser, a partir de la definición anterior, la forma que tiene una persona de comportarse en la ciudad, en el pueblo, en sociedad. Esto incluye el respeto de las normas de convivencia y la tolerancia de las diferentes culturas y etnias. También la adaptación al código de leyes que debe cumplir como todo ciudadano local aunque sea extranjero. La ciudadanía como un sentido en pro de la moral y las buenas costumbres de una nación, es resaltada entre las personas que conforman la comunidad, para que sirva de ejemplo y destaque por su loable función.

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La ciudadanía es muy importante en los países democráticos, ya que esta permite a los que la poseen tener unos derechos que son irrevocables según la constitución vigente, el más crucial para el destino de la nación es el derecho al voto, con este, todos los ciudadanos son los que como pueblo soberano tiene la última decisión en los procesos electorales en los que se escogen a los representantes del gobierno.

En países como Venezuela, los ciudadanos tienen derecho a una educación y atención médica de primera gratuita, de la misma manera que están obligados al pago de un impuesto para el mantenimiento de estas dependencias y así garantizar el buen servicio de las instituciones públicas.

A nivel académico, muchas escuelas preparatorias imparten la educación ciudadana, para que los jóvenes reconozcan cual es el modelo de ciudadanía vigente en el estado que habitan, de la misma manera se tocan tópicos de relevancia internacional como la aplicación de los derechos humanos en los países que firmaron el tratado. También se estudian los diferentes trámites que un ciudadano debe cumplir según lo previsto en los códigos y leyes.

1. El modelo liberal de ciudadanía
2. La ciudadanía republicana
3. Ciudadanía comunitaria
4. Concepciones liberalistas y comunitaristas
5. Crisis del concepto liberal de ciudadanía
6. Ciudadanía multicultural
7. Bibliografía

Identificamos tres modelos de ciudadanía, que
parten desde diferentes puntos de vista, aunque los tres
comparten cierta concepción de justicia, siguiendo la
tendencia clásica de cariz normativo, es decir, conceptos
primarios desde los que se sigue una concepción de
ciudadanía.

El modelo liberal de ciudadanía parte en un
primer momento de la propuesta que T. H. Marshall (1998), quien
explica en esta obra el aumento de derechos asociados al estatus
de ciudadano y cómo este estatus fue paulatinamente
extendiéndose a todas las esferas de la sociedad
inglesa.

En primer lugar, ser ciudadano se asociaba al disfrute
de una serie de derechos civiles (siglo XVIII en Inglaterra),
posteriormente se añadieron los derechos políticos
(siglo XIX) y finalmente los derechos sociales en el siglo XX.
Consideraba así que se había llegado a la
formulación final de ciudadanía: un estatus que
confiere derechos a todos los miembros plenos de una comunidad
política. Todos los ciudadanos son, en este sentido,
iguales respecto a los derechos y deberes que acompañan al
estatus.

A la comprensión de ciudadanía descrita
líneas arriba, suele denominársela
ciudadanía "pasiva" o "privada", porque concibe la
ciudadanía como un estatus que comporta más una
serie de derechos que de obligaciones. Según Marshall el
énfasis en los derechos liberales y en la vida privada
impide forzar a alguien a llevar una vida pública activa y
a tener una serie de deberes. Esto se comprendería como
una imposición que privaría a una persona de su
libertad. Esta definición de la ciudadanía como
"ciudadanía como posesión de derechos" fue
defendida en la teoría política
contemporánea por autores liberales, hasta que en 1971
John Rawls, el más importante representante del
"liberalismo igualitario" la modifica parcialmente.

De esta manera, el ciudadano sigue siendo principalmente
un sujeto de derechos, pero añade a su condición de
sujeto libre e igual que disfruta predominantemente de derechos,
también de obligaciones de ser una persona razonable y
tener un sentido del deber para con la sociedad. Estas
condiciones llevarían a todo ciudadano o ciudadana a
comportarse cívicamente, por ejemplo a ser tolerante,
equitativo y a cooperar a lo largo de toda su vida en una
sociedad bien ordenada.

Así, el deber de civilidad impone a los
ciudadanos ciertos límites cuando deciden o votan
cuestiones políticas fundamentales, pues siempre se ha de
decidir teniendo en cuenta que las posturas han de ser razonables
y con las que toda otra persona libre e igual puede concordar.
Por tanto, los ciudadanos disfrutan de «libertades
básicas iguales», de igualdad de oportunidades, y de
una serie de bienes primarios distribuidos
estratégicamente para que cada ciudadano pueda desarrollar
su plan de vida.

La ciudadanía republicana es comprendida
más como un modelo procedimentalista, es decir, un modelo
que parte también del pensamiento ético formal del
filósofo Emanuel Kant (Ferrater, 1999), pero que lo
transforma sustituyendo la razón práctica y
solipsista kantiana por una razón de tipo intersubjetiva y
en constante diálogo con las demás, es decir una
alteridad. Es también concebido como una racionalidad
comunicativa, que presupone una situación ideal de libre
expresión de las ideas muy lejos de dominaciones,
imposiciones y desigualdades. Una situación ideal que
sirve de ideal regulativo y en la que se pueda llegar a un
entendimiento mutuo y acuerdos. Acuerdos que podrían
responder, de esta forma, a criterios de rectitud y de
veracidad.

Por otra parte, la concepción de
ciudadanía del filósofo Jürgen Habermas (1998)
pone especial énfasis en la vida pública y activa
de los ciudadanos. Por lo que, necesariamente, los deberes de
ciudadanía aumentan. Según Habermas, para ser
verdaderamente libres, además de poder regir nuestra vida
en el ámbito privado, también hemos de poder regir
nuestra vida en la esfera pública. Necesitamos
también poder ir constituyendo, a través del
diálogo y la deliberación intersubjetiva, las
condiciones jurídico-políticas en que convivimos,
pues sólo a través de nuestra autonomía
pública[1]1] podremos ser autónomos
en nuestra vida privada. Y viceversa: sólo siendo
autónomos "privadamente" podremos llegar a ser
autónomos en la esfera pública.

Habermas afirma que surge una concepción
procedimental del derecho, según la cual el proceso
democrático debe asegurar simultáneamente la
autonomía privada y la autonomía pública
tanto del individuo como del grupo social. En este sentido, no
son suficientes los derechos liberales, si no que deben
completarse con derechos de participación y
comunicación en la esfera pública, de tal forma que
se pueda ir constituyendo el propio medio de vida
social.

El modelo de ciudadanía más conocido como
comunitario surge en los años ochenta como respuesta
crítica a la teoría liberal de la justicia de John
Rawls. Es un movimiento que, a diferencia de los dos anteriores,
reivindica políticamente el concepto de comunidad y la
idea de bien sobre la idea de lo justo.

Para los comunitarios, la ciudadanía no
sólo responde a valores políticos universales, como
ocurre en los otros modelos que se ha estudiado, sino
también a identificaciones culturales particulares y a una
idea concreta de bien. Encontrar el equilibrio entre estos dos
tipos de identificaciones será uno de los objetivos de
Taylor y Kymlicka (2002).

Por tanto, Taylor reivindica el regreso a una sociedad
cohesionada bajo una idea determinada de bien que dé
sentido y oriente la vida. La vuelta a una ética
sustantiva que sustituya a las éticas procedimentales que
predominan actualmente en teoría política. El
contenido, la "sustancia" de esta ética sustantiva
consistiría en ser fiel a uno mismo, a la propia
originalidad y unicidad. Lo que Taylor denomina el "ideal de
autenticidad" y que sólo tiene sentido considerando que la
identidad personal es una identidad que se va haciendo y
constituyendo en diálogo continuo con otros significativos
y en un determinado contexto social-comunitario.

Según Taylor (citado líneas arriba), se
necesita el reconocimiento de los demás para constituir la
propia identidad individual (y colectiva), es un error muy propio
del pensamiento moderno representar a la persona construyendo su
propia identidad y originalidad de forma aislada,
independientemente de sus relaciones con otros significativos. Se
necesita de los otros, de su mirada y reconocimiento para
construir la propia identidad, pues la identidad personal depende
decisivamente de relaciones dialógicas con los
demás. Se da así una conexión básica
entre identidad, (mi identidad), autenticidad (mi autenticidad) y
reconocimiento, (el reconocimiento que se obtiene de los
demás).

Es así que, la corriente comunitaria reivindica
el reconocimiento político de los diferentes grupos
culturales minoritarios que componen una sociedad: el
reconocimiento de su diferencia e igual valor (al menos en
principio). Y el derecho a participar en pie de igualdad en el
espacio público.

El estudio sobre ciudadanía puede resumirse en
las posturas liberalistas y comunitaristas. En
la década de los setenta y ochenta, se inició un
debate, más de carácter filosófico sobre la
naturaleza del individuo y sobre sus derechos en relación
con el Estado. Los principales protagonistas de este debate
fueron, por una parte los liberales, encabezados por John Rawls,
Dworkin y Gauthier, y, por otra parte, los comunitaristas, como
Arendt, Walzer, Taylor y Sandel. El debate, desarrollado en
Norteamérica y Europa, tuvo dos esferas la
metodológica y la normativa sobre la concepción de
individuo y de comunidad:

Actualmente, se encuentra todavía vigente el
debate entre liberalismo y comunitarismo. Frente a este tema, se
hace un planteamiento muy interesante, en el que asocia la
postura liberalista con un tipo de ciudadanía entendida
más como un estatus, y por otra parte la postura
comunitarista, que entiende la ciudadanía como una
práctica donde predomina la idea de grupo.

En tal sentido, según estas posturas, para llegar
a ser ciudadano activo en una determinada comunidad uno debe
estar motivado, formado cívicamente y gozar de
oportunidades de participación del bien común.
Además, la tradición cívica considerada como
"republicanista" ha pasado por dar mayor importancia al ejercicio
de la virtud cívica, la participación en la
construcción del interés común y el
cumplimiento de los deberes cívicos desde un ideal moral
de servicio a la comunidad y en todo caso a la república.
Y sólo así, desde esta tradición, el
individuo accede a la condición de plena
ciudadanía, ya que ésta es una actividad
básicamente deseable que entraña un compromiso
moral y cívico.

A diferencia de esta tradición considerada como
clásica de ciudadanía, más centrado en el
republicanismo, el pensamiento filosófico del liberalismo
cívico da más importancia, sobre todo, a la idea de
que la ciudadanía es un título al que se accede
cuando se reconocen determinados derechos. Pero existe un
elemento en que ambas tradiciones no podrían entrar en
contradicción. Se trata precisamente de un elemento que
forma parte de una noción comprensiva de competencia
cívica, lo que se denomina como el juicio
político. A través del ejercicio de la
facultad de juzgar las realidades políticas, y no
sólo por el ejercicio de la virtud cívica,
también se accede a una plena condición de
ciudadanía, a un tipo de actividad ciudadana en la que los
valores de la tradición liberal y los del pensamiento
cívico republicano pueden llegar a armonizarse.

De esta manera, el debate entre los denominados
liberales y comunitaristas continúa en la actualidad, y
trata sucesivamente en buscar respuestas a los fenómenos
sociales que influencian la vida de individuos y colectivos en
las sociedades. No obstante, el concepto liberal de
ciudadanía es susceptible de replantearse conforme la
emergencia de una pluralidad de ciudadanías en varios
países tanto de Europa como de América
Latina.

Según muchos estudiosos del tema, el concepto de
ciudadanía se ha convertido en uno de los términos
fundamentales del debate político a partir de la
década de los 90. Esta importancia que ha adquirido el
concepto de ciudadanía se debe en gran medida a que es un
concepto que se halla en plena "evolución", debido
más que todo a los grandes cambios económicos,
sociales, culturales y políticos de la
actualidad.

Desde la antigüedad clásica, es decir,
Grecia y Roma hasta nuestros días el concepto de
ciudadanía ha ido cambiando cada vez más. En pleno
siglo XXI se ve como el discurso de ciudadanía se
convierte en algo claramente diferente a lo que se
entendía anteriormente:

La demostración comparativa que se aprecia en el
cuadro anterior, dio lugar a un concepto clásico de
ciudadanía, es decir, como estatus jurídico y
político mediante el cual el ciudadano adquiere unos
derechos como individuo (civil, político y social),
además también unos deberes respecto a una
colectividad política, además de la facultad de
actuar en la vida colectiva de un Estado. Por consiguiente, la
condición de ciudadanía estaría restringida
a las personas que tienen esa condición.

Por tanto, todas las personas que viven en un
determinado territorio del que no son ciudadanos, están
excluidas de los derechos y deberes que permite la
condición de ciudadano en tal territorio. Cada Estado
tiene unas normas que regulan la manera por la cual una persona
adquiere la nacionalidad de ese Estado, es decir, la
condición de ciudadano.

Este concepto de lo que es ciudadanía, es la
correspondiente al periodo histórico que se inició
con las grandes revoluciones liberales de finales del siglo
XVIII, y caracterizado por la primacía del Estado –
nación como colectividad política que agrupa a los
individuos. Un siglo después empieza a entrar en
controversia esta concepción de ciudadanía. En
contraparte emerge la concepción de ciudadanía
multicultural.

En la perspectiva de Will Kymlicka (2002), se puede
comprender que la ciudadanía multicultural es propiciar
que las democracias de los Estados multinacionales y
poli-étnicos construyan como fundamento en sus
Constituciones Políticas, el reconocimiento y apoyo a la
identidad cultural de los grupos étnicos y minorías
nacionales, y apostar con toda potencia y creencia por una
justicia basada en la igualdad, que permita adecuar necesidades
diferenciadas, es decir, los derechos colectivos para que puedan
tener la posibilidad de mantenerse como cultura distinta. Y es
imprescindible además, que se les brinde las mismas
asistencias y oportunidades que a la nación mayoritaria en
términos equitativos.

Es necesario valorar la diversidad cultural, darle voz a
las minorías, y a los grupos étnicos para que
puedan expresar sus necesidades, intereses y aspiraciones.
Según Kymlicka resulta imprescindible que las
minorías dispongan de procedimientos justos para que se
escuche su voz en los procesos políticos, sociales y
económicos.

Del mismo modo, no se puede olvidar que para
soñar con una democracia estable a largo plazo, en un
Estado pluriétnico y multicultural como el caso de
Bolivia, es necesario desarrollar en primera instancia los
siguientes aspectos:

a)    El sentido de la
solidaridad

La ciudadanía debería ser un foro donde la
gente supere las diferencias y piense en el bien común de
todos los ciudadanos. En este sentido, la salud y la estabilidad
de las democracias modernas no solo dependen de la justicia de
sus instituciones básicas, sino también de las
cualidades y actitudes de sus ciudadanos; es decir,

-     de su sentimiento de
identidad y de cómo consideran a otras formas de identidad
nacional, regional, étnica o religiosa;

-     de su capacidad de
tolerar y de trabajar con personas distintas de ellos; de su
deseo de participar en el proceso político para promover
el bien público;

-     de apoyar a las
autoridades políticas responsables;

-    de su voluntad de demostrar
comedimiento y de asumir la responsabilidad personal en las
exigencias económicas;

-    de su sentido de justicia y su
compromiso con una distribución equitativa de los
recursos;

b)    Sociedad de justicia
compartida

Es importante que exista una sociedad que una a las
sociedades modernas. El acuerdo público en cuestiones de
justicia política y social mantiene los lazos de la
amistad pública y asegura los vínculos de
asociación.

c)    La identidad
compartida

Generalmente, la identidad compartida procede de la
historia, de la lengua y, tal vez de la religión
común. Pero en muchos países multinacionales como
Bolivia la historia no es una fuente de orgullo compartido, sino
de resentimientos y de divisiones entre grupos
nacionales.

Tomando en cuenta los anteriores conceptos, los Estados
a través de sus políticas debe favorecer la
consecución de los derechos culturales (múltiples
derechos de las diferentes culturas), ya que pueden contribuir
más a esa solidaridad e impulsar la integración
social y la unidad política.

Cabe aclarar que una cosa es la ciudadanía
multicultural y otra es la ciudadanía intercultural
(2002), el cuadro siguiente puede dar algunas pistas que
sostienen el discurso de ambos conceptos:

Se puede entender que la ciudadanía intercultural
es una iniciativa concertada entre el Estado y los grupos o
pueblos que la integran en un contexto caracterizado por su
diversidad étnica y cultural, para hacer factible que
todas las personas de todos los grupos étnicos y
culturales conozcan, comprendan y compartan las diferentes
culturas, sus problemáticas, no solo a nivel legal y
político, sino que también se tome en cuenta la
dimensión social y civil.

BOBBIO, Norberto:

2003 El futuro de la democracia.
México: Fondo de Cultura Económica. 1ra.
reimp.

1993      Liberalismo y
democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
3ra. reimp.

HABERMAS, Jürgen:

1988Teoría de la acción
comunicativa. Madrid. Taurus. t. I y II

KIMLICKA, Will:

2002 Ciudadanía
multicultural. Barcelona: Paidós.

MARSHALL, T.S.

1998 Ciudadanía y clase social.
Reedición por Tom Bottomore. Madrid:
Alianza.

Autor:

Ausberto Aguilar Challapa

[1] [1] Compréndase que el
término autonomía se utiliza en el marco de la
teoría racional de comunicación de J.
Habermas.