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Las plataformas públicas de aprendizaje digital y su relación con los Recursos Educativos Abiertos (REA)

Por Jorge Enrique Burbano Hurtado 16 sep 2026

En el marco del Día Internacional del Aprendizaje Digital 2026, celebrado el 19 de marzo en París, Francia, la UNESCO, UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentaron la Carta para las Plataformas Públicas de Aprendizaje Digital, un documento que propone orientaciones para fortalecer la educación como un derecho humano en el entorno digital. Su enfoque se articula con los Recursos Educativos Abiertos (REA), al promover plataformas accesibles, abiertas e inclusivas, capaces de favorecer la circulación, adaptación y reutilización de contenidos educativos. En este artículo se presentan los principales aportes de la Carta y algunas reflexiones sobre su importancia para la educación pública en América Latina.

aprendizaje-digital-1.pngEn un momento en que la educación transita de manera acelerada hacia entornos mediados por tecnologías, resulta indispensable preguntarse qué tipo de infraestructura digital necesita realmente la escuela pública. La presentación de la Carta para las Plataformas Públicas de Aprendizaje Digital impulsada por la UNESCO, UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aporta una orientación relevante para este debate al proponer que dichas plataformas deben entenderse, ante todo, como un bien público y como una expresión concreta del derecho a la educación. La carta define a las plataformas públicas de aprendizaje digital como espacios que reúnen contenido, tecnología y personas de libre acceso para ayudar a aprender y enseñar. No se consideran reemplazos de las escuelas físicas, sino complementos vitales que deben ser tratados como un servicio social esencial garantizado por el Estado. Más allá de su valor técnico, esta carta invita a una reflexión de fondo: las plataformas digitales no pueden concebirse solo como herramientas de gestión, repositorios de contenidos o vitrinas de innovación. Deben pensarse como espacios pedagógicos, culturales y éticos en los que se juega una parte significativa de la experiencia educativa contemporánea. En otras palabras, no se trata únicamente de digitalizar la enseñanza, sino de decidir bajo qué principios se organiza, se distribuye y se protege el aprendizaje en el entorno digital. El documento plantea que las plataformas públicas de aprendizaje digital deben ser gobernadas y financiadas principalmente por el Estado, de modo que respondan al interés colectivo y no a las lógicas del mercado. Esta premisa es especialmente significativa en América Latina, donde las brechas de acceso, conectividad y disponibilidad de recursos siguen condicionando de manera profunda las oportunidades educativas. En contextos como el colombiano, esta afirmación tiene implicaciones pedagógicas y políticas de gran alcance. Reconocer las plataformas digitales como un servicio público esencial significa aceptar que no pueden depender exclusivamente de soluciones privadas, de modelos de negocio basados en la extracción de datos o de ofertas tecnológicas desvinculadas de los fines formativos de la escuela. Significa, además, que el entorno digital debe ser protegido con el mismo compromiso con que se protege la infraestructura física de las instituciones educativas. Uno de los aportes más valiosos de la carta es su insistencia en que estas plataformas deben estar orientadas por criterios pedagógicos y no por la simple novedad tecnológica. En tiempos en que la innovación suele presentarse como un fin en sí mismo, esta idea resulta fundamental: la tecnología educativa solo adquiere sentido cuando fortalece los vínculos de enseñanza, amplía las posibilidades de participación y favorece procesos de aprendizaje significativos. El documento nos presenta siete principios diseñados para orientar a las autoridades educativas: aprendizaje-digital-2.pngDesde esta perspectiva, el protagonismo docente no es un detalle accesorio, sino una condición estructural. La carta subraya que las plataformas deben ofrecer a los maestros autonomía, herramientas de mediación y posibilidades reales de acompañamiento, de manera que la experiencia digital complemente la vida escolar y no la sustituya. Esta visión reconoce algo que la práctica educativa ha demostrado una y otra vez: aprender no es solo acceder a información, sino construir sentido con otros, dialogar, preguntar, contrastar y habitar colectivamente el conocimiento. En este punto, el vínculo con los Recursos Educativos Abiertos (REA) se vuelve no solo pertinente, sino necesario. Cuando la carta defiende plataformas abiertas por diseño, con licencias abiertas, interoperabilidad y acceso sin barreras innecesarias, está trazando una ruta coherente con el espíritu de los REA. Los Recursos Educativos Abiertos representan una concepción del conocimiento como bien común: materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que pueden ser usados, adaptados, contextualizados y compartidos de manera legal y ética. Su incorporación en plataformas públicas fortalece la soberanía pedagógica de los sistemas educativos, ya que permite a docentes e instituciones no limitarse al consumo pasivo de contenidos cerrados, sino participar activamente en su creación, mejora y circulación. Para América Latina, esta relación es decisiva. Una plataforma pública que integre recursos educativos abiertos puede responder mejor a la diversidad lingüística, cultural y territorial de la región, pues facilita la adaptación de los contenidos a las realidades locales y a las necesidades concretas de los estudiantes. En el caso colombiano, esto abre una oportunidad para producir materiales más cercanos a las comunidades, reconocer saberes situados y enriquecer la enseñanza con propuestas contextualizadas, colaborativas y culturalmente relevantes. La carta también advierte que cualquier uso de inteligencia artificial dentro de estas plataformas debe ser sometido a criterios rigurosos de precisión, seguridad y supervisión docente. Esta orientación es particularmente pertinente en un escenario en el que numerosas soluciones comerciales prometen personalización extrema del aprendizaje, pero con frecuencia reducen la educación a interacciones individualizadas, automáticas y desvinculadas de la experiencia colectiva escolar. Conviene recordar que la educación no se agota en la respuesta inmediata ni en la optimización de trayectorias individuales. La escuela también es un espacio de encuentro, deliberación, cuidado y construcción común. Por ello, la IA puede ofrecer apoyos importantes, pero no debe asumir el lugar de la autoridad pedagógica ni reemplazar la mediación humana que sostiene los procesos formativos. La mayor riqueza de esta carta radica en que no presenta la digitalización como un destino inevitable, sino como una responsabilidad pública que debe ser orientada por principios democráticos, pedagógicos e inclusivos. En esa ruta, los Recursos Educativos Abiertos no constituyen un complemento marginal, sino una pieza clave para garantizar que el conocimiento circule con mayor equidad, que los docentes conserven capacidad de decisión sobre los contenidos y que las plataformas respondan a los intereses de las comunidades educativas. Para los educadores de Colombia y de América Latina, este planteamiento ofrece un respaldo significativo. Invita a defender entornos digitales que no deshumanicen la enseñanza, que no conviertan a estudiantes y maestros en simples usuarios o consumidores, y que reconozcan que la educación pública también debe construirse, cuidarse y democratizarse en el espacio digital. Pensar las plataformas públicas de aprendizaje digital desde la perspectiva de los recursos educativos abiertos, es apostar por una educación más abierta, más colaborativa y más justa. Es afirmar que la innovación solo tiene sentido cuando amplía derechos, fortalece la profesión docente y ayuda a que nuestras escuelas, también en lo digital, sigan siendo territorios de encuentro humano y de construcción colectiva del saber.

Referencias

CC-BY-NC-SA--270x94-peque-peque.png .

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